Autor: Francisco Campos

Los veteranos de guerra de El Salvador, procedentes tanto del ejército como de la guerrilla, constituyen uno de los sectores que más ha tenido que batallar para asegurar su supervivencia tras el silencio de los fusiles en 1992. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, la promesa de una vida digna parecía al alcance de la mano; sin embargo, para muchos, la verdadera guerra comenzó en las calles de la capital. La transición del campo de batalla al asfalto de San Salvador estuvo marcada por la urgencia de quienes entregaron su integridad física y mental a una causa que, en la paz, parecía haberlos olvidado.

Las primeras marchas de la posguerra fueron recibidas con una dureza inesperada. Las calles que rodean la antigua Casa Presidencial en San Jacinto se convirtieron en el escenario de una represión violenta contra hombres que, a pesar de sus discapacidades, buscaban ser escuchados. Los gases lacrimógenos y la macana de una naciente Policía Nacional Civil se ensañaron contra los lisiados, quienes intentaban desesperadamente entregar sus peticiones a un gobierno que aún no sabía cómo financiar la paz. Fue el primer choque amargo entre la esperanza del papel y la realidad del garrote.

Uno de los episodios más oscuros ocurrió en la Avenida Olímpica, en la sede de la Asociación de Excombatientes y Lisiados de Guerra de El Salvador (AEGES). Aquella jornada terminó en tragedia con muertos y heridos de gravedad, víctimas de impactos de balas de goma disparadas a quemarropa. Las muletas y sillas de ruedas no sirvieron de escudo ante la falta de protocolos de derechos humanos de una policía que todavía no lograba despojarse de los vicios del conflicto. La sangre en la Avenida Olímpica selló una deuda histórica que aún hoy, décadas después, se siente latente.

A pesar de la violencia, la presión social logró victorias institucionales significativas, como la creación del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD) y el Decreto Legislativo 416. Estos mecanismos buscaban garantizar pensiones, atención médica integral y programas de rehabilitación. Organizaciones como ALFAES se volvieron centinelas de estos derechos, vigilando que el suministro de prótesis y las ayudas técnicas no fueran una simple promesa de campaña, sino una realidad palpable para quienes habían perdido extremidades en los campos minados.

Sin embargo, el camino hacia la reinserción productiva fue un laberinto de burocracia. El Programa de Transferencia de Tierras (PTT), pilar de los Acuerdos de Paz, resultó lento e insuficiente. Muchos pasaron años viviendo en la precariedad mientras sus expedientes se empolvaban en oficinas gubernamentales. Esta exclusión, sumada a la omisión de los antiguos «patrulleros de autodefensa civil» de los beneficios oficiales, generó una nueva ola de marchas combativas. Hombres armados con machetes y una profunda desesperación ocuparon iglesias como la Catedral Metropolitana y la misma Asamblea Legislativa, exigiendo que no se les desechara como material de guerra usado.

Con el paso de los años, el panorama ha cambiado, pero el descontento persiste bajo nuevas siglas. Hoy, el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) ha absorbido las funciones de los antiguos fondos. Aunque los pagos se realizan con una regularidad que no existía en los años noventa, la estructura administrativa se enfrenta a nuevos retos. El debate actual gira en torno a si la institución podrá mantener la calidad de la atención al absorber nuevas responsabilidades hacia otros sectores vulnerables, sin diluir los recursos destinados a los protagonistas del conflicto.

El punto de mayor fricción en la actualidad es el monto de las pensiones. A inicios de 2026, la pensión estándar de $100 mensuales es vista por muchos como una cifra simbólica que se ha quedado rezagada frente al alto costo de la vida y la inflación. Las concentraciones recientes en la Plaza del Divino Salvador del Mundo exigen un aumento que permita cubrir la canasta básica. Aunque se han logrado ajustes recientes del 12% para los lisiados de guerra, la sensación general es que el alivio económico prometido hace más de treinta años no alcanza para garantizar una vejez con la dignidad que merece su sacrificio.

En conclusión, la historia de los veteranos de guerra en El Salvador es una crónica de resistencia continua. De la toma de iglesias en los noventa a las solicitudes presupuestarias de $185.6 millones ante la Asamblea Legislativa en 2026, el espíritu de lucha no ha menguado. Aquella gloria que les prometieron al final de la guerra se ha transformado en una persistente exigencia por justicia social. Mientras existan deudas pendientes en salud, vivienda y pensiones dignas, las cámaras seguirán registrando sus rostros en las calles, recordándonos que la paz no es solo la ausencia de disparos, sino el cumplimiento de la palabra dada.